El primer lunes de mayo de un año cualquier, lo más probable es que el músico Sean Combs, conocido como Puff Daddy, estuviera en Nueva York llegando por la puerta grande para desfilar en la alfombra roja, llena de estrellas, de la gala del Museo Metropolitano de Nueva York. Más aún en 2025, cuando la temática girará alrededor de la sastrería y el estilo de los hombres negros. Este, en cambio, será muy distinto para él. Estará en Nueva York, pero entre rejas, preparándose para ser juzgado por tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución. Este jueves, el juez Arun Subramanian —asignado al caso la semana pasada después de que el magistrado Andrew Carter se recusara del mismo por haber trabajado con algunos de los abogados— ha fijado ese día, el 5 de mayo de 2025, para su juicio.
Hace casi un mes que el músico Sean Combs, conocido como Puff Daddy o Diddy, fue detenido en Nueva York por una serie de cargos que pueden hacerle pasar el resto de su vida en la cárcel. Sin embargo, después de escuchar las acusaciones por parte de la magistrada Robyn Tarnofsky y declararse no culpable, no había vuelto a pisar la corte. Lo ha hecho por primera vez este 10 de octubre. A él no se le ha visto entrando al tribunal, pero las cámaras y los curiosos han podido ver a su madre, Janice Combs, de 84 años, y a cuatro de sus siete hijos en la corte federal de Manhattan: Justin, de 30 años, Christian (llamado King), de 26, y las gemelas Jessie y D’Lila, de 17. Precisamente Janice argumentaba el domingo en una carta al medio Page Six que era “descorazonador” ver a Combs siendo juzgado “no por la verdad, sino por una narrativa inventada de mentiras”, y hablaba del “insoportable dolor” de observar a su hijo vivir “linchamiento público antes de que tener la oportunidad de probar su inocencia”
El músico ha llegado desde el Brooklyn’s Metropolitan Detention Center, el centro donde aguarda juicio, y ha pasado por una puerta lateral. Iba vestido con una camisa en color canela y llevaba grilletes en los tobillos. Según la agencia de noticias AP, cuando ha entrado en la sala ha sonreído y abrazado a sus abogados y charlado con ellos, y también ha sonreído a sus hijos al verles.
En la vista, la asistente del fiscal general de Estados Unidos, Emily Johnson, ha explicado que el juicio puede durar unas tres semanas pero que, como ya se dijo en una audiencia anterior, la acusación podría añadir más cargos o nuevas personas demandadas, lo que podría afectar también en su duración. El abogado de Combs, Marc Agnifilo, ha asegurado que intentarán presentar el caso para que dure solo una. Johnson también ha desgranado que durante la investigación federal que tuvo lugar en marzo, se encontraron 96 dispositivos electrónicos tanto en las casas de Combs de Miami y de Los Ángeles como en un aeropuerto de Florida, y que se incautaron de otros cuatro tras la detención de septiembre. En ocho de ellos había una enorme cantidad de información, alrededor de 90 terabytes, que calificó de “extraordinario”. Además, ha explicado que tecnológicamente no ha sido sencillo lograr extraer la información de los mismos, lo que ha llevado a ciertos retrasos.
En la vista del jueves, el juez Subramanian también ha puesto otra fecha, el 18 de diciembre, por si Combs desea comparecer entonces, pero sus abogados pueden decidir no hacerlo, y ha fijado los plazos para que los letrados de ambas partes presenten sus argumentos. También ha anunciado que va a emitir una orden para restringir las declaraciones públicas de ambas parte acerca de la investigación, los cargos, el material secreto del gran jurado o lo relacionado con el juicio. La orden llega después de que los defensores del artista se quejaran de la filtración el pasado mayo de un vídeo en CNN donde se ve al músico pegando y atacando a su entonces pareja, Casandra Ventura, conocida como Cassie. Los defensores del rapero opinan que fue una filtración del Departamento de Estado y que han dado lugar a “una publicidad previa al juicio dañina y altamente perjudicial que solo puede contaminar al jurado y privar a Combs de su derecho a un juicio justo”. Horas después, los investigadores federales respondieron a la defensa a través de una carta, asegurando que “el Gobierno no estaba en posesión del vídeo antes de su publicación por CNN” y que por tanto “no hay una base real para dichas acusaciones. La cadena ha preferido no pronunciarse al respecto.
Además, los abogados de Combs buscan sacarle de la cárcel bajo fianza de 50 millones de dólares, manteniéndole en casa con una pulsera electrónica, pero dos jueces han concluido que es “un peligro para la comunidad” si queda liberado y temen que se pongan en contacto con víctimas o testigos. A la salida de la vista, los defensores se han detenido a charlar con los reporteros, dando detalles de que para su cliente, en la cárcel, “lo más duro es, probablemente, la comida”.
Combs está acusado de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024, nueve mujeres y dos hombres presentaron denuncias contra él de manera individual. El pasado 1 de octubre, cuando ya estaba en prisión preventiva, el caso dio un giro al conocerse que otras 120 víctimas, entre ellas 25 menores de edad, habían puesto nuevas denuncias. Los abogados del caso anunciaron que había otras 3.285 personas que aseguraban que habían sido víctimas de Combs.
