Asuntos internos de la policía catalana ha detenido a un mosso d’esquadra acusado de extorsionar a un hombre, que se había visto envuelto en una acusación por agresión sexual. El policía, arrestado el lunes en la comisaría de L’Hospitalet de Llobregat en la que trabaja, pidió presuntamente 50.000 euros al hombre, con la promesa de que se retiraría la denuncia que pesaba contra él. El sospechoso pasó a disposición del juzgado de instrucción 2 de L’Hospitalet este martes, y ha quedado en libertad con la orden de personarse periódicamente en dependencias judiciales.
El caso arrancó hace unas semanas, cuando el abogado Jorge Palomino presentó una denuncia ante asuntos internos de la policía catalana. Les explicó que uno de sus clientes estaba siendo extorsionado, y todo les hacía pensar que se trataba de uno de los policías que participó en la investigación contra sobre él por agresión sexual. “Ha sido terrible”, asegura el abogado, que mantiene la denuncia en nombre de su representado, y que ahora estudian si personarse en la causa como acusación particular.
El denunciante ubica la presunta extorsión el día en el que el policía se presentó en su domicilio, alegando que el juzgado requería un teléfono suyo por la causa que tenía pendiente. Ya entonces, el hombre, que le pareció sospechoso el movimiento, le facilitó un número de móvil que no había usado antes. Al poco, con una voz distorsionada, empezaron las llamadas exigiendo los 50.000 euros, y empezó en un periodo de regateo y negociación.
La policía catalana monitorizó todo el proceso, y finalmente, el martes, decidieron detener al mosso d’esquadra. En los registros, entre otras cosas, los agentes encontraron el teléfono desde el que se hicieron las llamadas, aunque el pago nunca se materializó. Otro policía que supuestamente supo de la extorsión, y que no quiso participar en ella, ha sido también imputado por omisión del deber de perseguir delitos.
El agente detenido está destinado en la unidad de seguridad ciudadana de L’Hospitalet. Ahora el director de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, de quien depende directamente la comisaría general de Asuntos Internos, deberá decidir si mantiene al policía en activo o si se le suspende cautelarmente.
