El fiscal general del Estado ha aprovechado su primera comparecencia pública tras saberse que el Tribunal Supremo lo investigará por revelación de secretos para negar la mayor. “Yo sé lo que hice; por lo tanto, tengo muy claro que el resultado de la investigación solo puede ser uno. Hacia dónde y el acopio de pruebas le corresponde al Tribunal Supremo, pero yo sé que no filtré ningún correo”, ha aseverado Álvaro García Ortiz en una entrevista en TVE al respecto del delito por el que el alto tribunal, en una decisión inédita en democracia, ha decidido abrirle este miércoles una instrucción. El Supremo ha echado por tierra la principal tesis que se esgrimía hasta ahora contra el ministerio público: la difusión de una nota de prensa por parte de la Fiscalía.
La investigación sobre García Ortiz se centrará en una supuesta filtración a medios de comunicación de un correo electrónico remitido a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, e imputado por fraude fiscal. Al respecto, García Ortiz ha señalado que a esos emails tenían acceso “bastantes más” de 16 o 17 personas, por lo que él conoce. “Las filtraciones son un cáncer que impide que los procesos se desarrollen con normalidad”, ha censurado de manera genérica. “Yo asumo que hicimos una nota de prensa, de la que soy el único responsable, para desmentir un bulo”, ha recalcado de nuevo, para enseguida lanzar que: “No tiene sentido hacer una nota de prensa y a la vez difundir unos bulos”.
García Ortiz ha insistido en aclarar que precisamente la nota de prensa ha quedado fuera del caso: “El nudo del asunto no es la nota de prensa de la Fiscalía, sino un correo en el que una parte desvela una parte para dar una información falsa”. En efecto, el Supremo ha excluido de la investigación la nota de prensa emitida por el ministerio público para desmentir los bulos que estaban lanzando desde el entorno de Díaz Ayuso sobre la actuación de la Fiscalía. El 7 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió aceptar la querella del novio de Ayuso que derivó en la apertura de una causa contra la Fiscalía justificándola en que la difusión de la polémica nota de prensa podía implicar supuestamente revelación de secretos y que podía incluir datos desconocidos para la opinión pública, aunque en realidad ya habían aparecido en medios.
García Ortiz ha fundamentado su decisión de no dimitir a pesar de que así lo han pedido las dos asociaciones conservadoras de fiscales —no así la progresista—, asegurando que no es la primera vez que lo hacen, pero que, con todo, “esta situación es diferente, con la suficiente gravedad como para hacer una nota [el comunicado difundido este miércoles por García Ortiz en el que descartaba dimitir], venir a un medio de comunicación público y convocar la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal mañana [jueves]”.
Precisamente sobre la Junta de Fiscales, que García Ortiz ha recordado que ha convocado él mismo para dar “explicaciones”, y sobre la posibilidad de que un buen número de fiscales pida su dimisión en ese encuentro, ha recurrido a su superior jerarquía para asegurar que tampoco así daría su brazo a torcer: “No son compañeros, yo soy el fiscal general del Estado de este país, y la Junta de Fiscales, con todos los respetos, es el órgano de asesoramiento del fiscal general del Estado”, ha recalcado. “Escucharé algunas opiniones que serán discrepantes, duras, pero el fiscal general del Estado no se somete a la Junta de Fiscales de Sala”, ha dicho tajante.
“Irse o dimitir no tiene vuelta atrás y eso hay que pensarlo también cuando estamos en el inicio de un camino que puede acabar en otro sitio”, ha dicho García Ortiz, que ha hablado la mayor parte del tiempo en tercera persona para referirse a él mismo como jefe del ministerio público, apuntando de ese modo a la probabilidad de que, al final, salga indemne del proceso judicial. También sobre su no a dejar el cargo que ocupa desde agosto de 2022 ha dicho que asume “todas las decisiones” que adopta, pero precisando que él es “una persona muy bien asesorada por un equipo muy competente de fiscales y también de no fiscales que arropan” sus decisiones como cabeza de la Fiscalía General del Estado. En otro momento ha asegurado tener “una sensación de indefensión”, que ha matizado: “No me siento indefenso en el sentido judicial del término pero creo que la figura del fiscal general del Estado no tiene los resortes para contestar a todas las insinuaciones”.
El fiscal general del Estado, que este miércoles ha sido arropado por las dos fuerzas del Gobierno ante las peticiones de dimisión de PP y Vox, ha convertido parte de la entrevista en la defensa de que queda en el cargo porque así es como entiende que se defiende mejor su institución. “Tiene que ser una institución fuerte que resista los embates de cualquier ataque que pueda recibir. Tiene que ser un tsunami lo que derribe a un fiscal general del Estado”, ha enfatizado García Ortiz en tono sereno, aunque se ha dolido por las que ha calificado de “persecuciones”, sin mencionar explícitamente a sus autores. Ha lamentado que, tras ser nombrado por el Ejecutivo: ”No se respetaron ni los 50 ni los 100 días [de tregua] porque ya fui portada falsa de un medio. Creo que la responsabilidad del cargo debe soportar esas persecuciones. Los fiscales manejamos material muy sensible y muchísima información. Si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra, que por supuesto no voy a utilizar jamás. La responsabilidad del fiscal general del Estado es mantenerse neutral; por eso no puede salir a responder a los ataques políticos, y es muy sencillo que sea objeto de ataques de distintos sectores”, ha explicado.
Para García Ortiz el suyo no es un caso de lawfare o judicialización de la política. “Tengo el máximo respeto a lo que pueda hacer o decir el Tribunal Supremo, que es la premisa de todo esto. Quienes encarnamos las instituciones (…) no podemos decir otra cosa”. Y sobre si su inminente imputación —el fiscal ha precisado que, técnicamente, no está todavía “ni investigado ni imputado”— tiene algo que ver la disparidad de la Fiscalía con decisiones del Tribunal Supremo a cuenta de, por ejemplo, la cuestión de inconstitucionalidad de la ley de amnistía que el alto tribunal ha elevado al Constitucional, García Ortiz ha respondido: “Creo que no”. “Reivindico el papel autónomo de la Fiscalía respecto a cualquier magistrado de este país”, ha incidido, “nadie debe molestarse [por ello]; la Fiscalía tiene derecho a presentar sus propias tesis, que luego gustarán más o menos”. “¿Por qué una figura constitucional legitimada por un mandato del Gobierno (…) nos la creemos tan poco? Es un mal que hemos sufrido y padecido, y no hemos sabido explicar bien”, se ha preguntado el jefe del ministerio público.
